El acceso a las fuentes y la represión franquista: el caso de Huelva. Francisco Espinosa

Acceso a la documentación y represión franquista: el caso de Huelva.

    Recientemente, la Diputación Provincial de Huelva, previo acuerdo con los responsables del Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla y con José María García Márquez, que realizó el trabajo, acaba de subir a Internet todos los consejos de guerra relativos a la provincia entre 1936 y 1945. Además de digitalizados han sido vaciados y catalogados por completo todos los nombres propios que aparecen y las localidades: hablamos de 2.488 procedimientos y de 180.000 digitalizaciones reunidas en 2.310 discos. El único requisito que se exige para acceder, y que a pesar de su escasa dificultad es de esperar que desaparezca pronto, es la identificación electrónica. Esta traba es lo que ha quedado del inicial rechazo por parte del personal archivero de la institución a que esta información se abriera al público sin filtro alguno. En Cataluña, País Vasco y Galicia se ha trabajado también con estos fondos pero en ninguna de estas comunidades se ha realizado un trabajo tan exhaustivo ni se ha pensado en subirlos a Internet, acabando así de golpe con los problemas y las limitaciones que acarrea en la práctica la consulta en archivos de esta valiosa documentación.

    Hace trece años, cuando vio la luz mi obra La guerra civil en Huelva (Diputación Provincial de Huelva, 1996), aparte de los testimonios orales de gente que pasó por consejo de guerra o de la documentación enviada desde la Auditoría de Guerra a los juzgados de 1ª Instancia (testimonios de sentencia), ignorábamos el valor real de dicha documentación, ya que ni siquiera habíamos podido acceder a ella. Hace nueve, cuando, ya abierto a la investigación, publiqué, sirviéndome de lo que más me había llamado la atención de la increíble documentación del archivo militar, La justicia de Queipo (El Autor, 2000; Crítica, 2006), pensar en la posibilidad de poder ver esos documentos por Internet resultaba un sueño irrealizable. Bastante era que pudiéramos fotocopiarlos. Y hace sólo un año, cuando concluyó la digitalización, la opción de abrirlo a todos a través de los ordenadores, como ya se estaba haciendo con algunos fondos dependientes de Cultura, resultaba una apuesta complicada. Había quienes seguían convencidos de que, a pesar de tener más de cincuenta años, se trataba de unos papeles muy delicados. Hago hincapié en la cronología para que quede claro que las cosas sólo pasan cuando pueden pasar, es decir, que los fondos judicial-militares se abrieron a la investigación a partir de 1997, o sea, diez años después de lo que legalmente les correspondía. A esto se une, en los últimos años, una serie de avances tecnológicos sin precedentes que han revolucionado el trabajo del historiador, el papel de los archivos y, en definitiva, el acceso al documento original.

    Las reticencias a mostrar públicamente esa documentación se han debido fundamentalmente a los nombres propios que contenía. Pero no a los nombres de los rojos condenados o de los que aparecen simplemente citados junto a la frase “Se le aplicó el bando de guerra”, sino a los nombres de quienes dieron vida día a día a la maquinaria judicial militar del fascismo. De ahí venía el conflicto. Y es que, como sabemos, el poder suele mostrar gran sensibilidad hacia estas personas y sus descendientes. Hablamos de militares y de civiles: de jueces, instructores, fiscales, defensores, abogados, testigos, informantes varios, acusadores, etc.; o, lo que es lo mismo, de militares, alcaldes, guardias civiles, curas, falangistas, propietarios, simples franquistas de a pie, etc. Por pura lógica existen bastantes posibilidades de que buena parte de los descendientes de todos ellos sigan incrustados actualmente dentro de los diferentes aparatos del Estado y no les resulte muy agradable que los nombres de sus padres y abuelos puedan ser ubicados en ciertas coordenadas. En este sentido recuerdo una anécdota.

    A fines de los 80 solicité permiso en la biblioteca del Rectorado de la Universidad de Sevilla para obtener copia con mi cámara de varias fotografías contenidas en un libro. El problema venía de que el libro, Con la columna Redondo. Combates y conquistas (Sevilla, 1937), del jesuita Bernabé Copado, no podía darse en préstamo. Yo sólo pedía que se me permitiese sacar las fotos junto a una ventana bien iluminada de la misma sala de investigación. Lo primero que me preguntó la funcionaria que me atendió es que para qué quería las fotos. Cuando le dije que para un libro que estaba haciendo me dijo que conocía a una sobrina del jesuita y que convendría saber qué pensaba ella del asunto. Finalmente y tras varias visitas y gestiones, todas ellas tenaces, pude hacer las fotos. De la funcionaria no supe nada más. Ignoro si lo de la sobrina era cierto o se trataba simplemente de un ardid inhibidor.

    ¿Cómo no recordar precisamente ahora a aquel auxiliar del Archivo Histórico Nacional con aspecto de guardia civil retirado que, allá por los años ochenta, cada vez que tenía que darme un legajo de la Causa General hacía visibles gestos de desagrado y en cierto momento, no pudiendo contenerse, me espetó: “No sabéis lo que tenéis en las manos. Si por mí fuera no veríais ni un papel”? ¿Qué pensará ahora de que tan sagrado fondo no sólo no requiera ya el permiso de la Fiscalía General del Estado sino que incluso puede consultarse por Internet?

    Esta documentación digitalizada y ahora accesible a todos desde casa permite asomarse al mundo de los sublevados en un momento especialmente delicado: aquel en que, en medio de una Europa amenazada por el fascismo, trataban de completar, ahora con cierto barniz seudolegal, la masacre iniciada el 17 de julio. En realidad, aunque en Huelva pasaron más de cinco mil personas por los tribunales militares, esta fase judicial militar no hizo sino completar otra anterior, que fue la realmente importante. Piénsese que de los 6.019 casos de personas asesinadas que conocemos por ahora en esta provincia, suman menos de cuatrocientos los que lo fueron por sentencia; los restantes desaparecieron en la vorágine de los bandos de guerra en los siete meses que van de julio del 36 a febrero del 37 o incluso en tiempos posteriores. O sea que con los datos que tenemos hasta ahora sólo seis de cada cien personas asesinadas lo fueron por sentencia.

    La mayor parte de la gente cree ingenuamente que en los sumarios va a encontrar las causas por las que mataron a sus familiares y quedan enormemente defraudados cuando no sólo no les confirman lo que pensaban sino que los fuerzan a contemplar el pasado desde otra perspectiva: la de los represores, quienes al obligarlos a adoptar otro punto de vista (el suyo) y al proporcionarles una información que desconocían y que sólo tenía utilidad para la maquinaria represiva, los llevan a un estado de confusión mayor que el que tenían antes, a lo que contribuye sin duda el estilo absolutamente farragoso que caracteriza a la documentación judicial militar. Muchos, en consonancia con la teoría de la despolitización de la represión que nos viene de la dictadura, suelen pensar que detrás del crimen que acabó con su familiar hubo “delitos concretos” o simplemente cuestiones personales,  tales como envidias y venganzas, o sea que no hubo trasfondo político-social alguno, y ahora se enteran por primera vez -algunos con asombro absoluto- de que el abuelo militó activamente en la UGT o en la CNT o que estaba afiliado a la FETE o formó parte del comité antifascista. El paso siguiente es entender que este solo hecho pudo ser la causa de su muerte.

    Mayor es la sorpresa, si cabe, en los descendientes de fascistas y derechistas en general, que se encuentran con nombres de familiares en lugares y situaciones donde nunca los imaginaron. O también donde, aunque lo sospecharan, nunca desearon que nada ni nadie se lo confirmara. Estamos ante la masa humana que alimentó la maquinaria franquista en nuestro país. Ya sabíamos que no eran los cuatro militares que a todos suenan ni los gobernadores civiles franquistas pero faltaba ponerles nombre, edad, domicilio y profesión y ubicarlos socialmente. Así hemos podido asomarnos a la segunda fila, a la tercera… del fascismo cotidiano, desde las “brigadillas de ejecuciones” hasta las oficinas jurídicas de los gobiernos militares o los propios despachos cuarteleros.

     ¿Cuál ha sido la repercusión social de este proceso? Lo ocurrido en España desde 1996-1997 en que se inicia el llamado movimiento en pro de la memoria histórica no se entendería sin el trabajo previo de la investigación llevado a cabo por los historiadores e investigadores. Sirvan de ejemplo casos pioneros como los de Navarra, Córdoba o Galicia. Allí donde la historia no ha exhumado el pasado oculto, la memoria tiene poco que hacer. De ahí el desigual mapa  que caracteriza al movimiento pro memoria. No es casual que sea en la zonas donde existía una buena base de investigación histórica, caso de Navarra, Cataluña, Galicia y Andalucía, donde han surgido las iniciativas sociales más sólidas (Memoriaren bideakMemorial democráticOs nomes, as voces, os lugares y Todos los Nombres).

    En pocas ocasiones un historiador puede ser testigo de una manera tan visible del proceso de socialización del conocimiento al que él mismo ha contribuido con sus investigaciones. En contadas situaciones un historiador ha podido ser tan consciente de lo que significa poner nombre a los desaparecidos y dar voz a los que nunca la tuvieron. Y, finalmente, rara vez se habrá podido llenar de tanto contenido eso que llamamos la función social de la historia.

Francisco Espinosa Maestre